Pondrá en marcha una campaña para comprobar posibles incumplimientos en relación con el periodo de prueba de los contratos de trabajo. La ITSS verificará especialmente los contratos de trabajo, ya sea a tiempo parcial o jornada completa, que se extinguen por no superar el periodo de prueba a pesar de haber excedido su duración máxima, así como los despidos de personas trabajadoras que no superan el periodo de prueba a pesar de haber sido contratada previamente para realizar las mismas funciones.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS ha resuelto hasta la fecha, 679 recursos de empresas que reclamaban la responsabilidad patrimonial del Estado por el perjuicio causado por el cierre de sus negocios durante la pandemia. Todos los recursos han sido desestimatorios, con argumentos comunes que la Sala fijó en la primera sentencia en la que se rechazó el recurso del Hotel Alhambra Palace. Ha calificado la actuación del Gobierno de razonable, proporcional y adecuada a la situación existente, y eficaz para frenar la expansión de la pandemia.

En 2025 este cumplimiento será solamente para las grandes empresas de Europa y finalmente, en 2028, será obligatorio para todas las empresas, incluso las de terceros países. Esta nueva normativa europea sancionará la información errónea sobre la sostenibilidad de las empresas, y va a obligar a estas a exponer ante sus consumidores la realidad de cómo se desarrollan sus actividades. Las empresas deberán de sumar a su informe habitual de gestión un nuevo informe de sostenibilidad, que deberá dar datos precisos sobre el impacto de la empresa en las cuestiones de sostenibilidad, así como las repercusiones que estas cuestiones de sostenibilidad tienen en la evolución, los resultados y la situación futura de la compañía.

El TS señala que la ley exige como requisito para acceder a la jubilación anticipada mantener la inscripción como demandante de empleo en los seis meses anteriores y solo es posible flexibilizarlo en circunstancias excepcionales. Como tal excepción, requiere que una norma con rango de ley haya previsto tal posibilidad para un supuesto concreto que al legislador le merece digno de esta protección anticipada.