La nueva normativa europea sobre indicaciones geográficas abre una nueva vía legal a la artesanía, consolidándose como una herramienta idónea para satisfacer esa demanda: protegen el nombre de un producto cuyas calidades o características están ligadas a una zona geográfica específica, estableciendo un vínculo estrecho entre calidad y origen. A partir del próximo 1 de diciembre de 2025, los productores y fabricantes de bienes artesanales e industriales podrán solicitar la protección de sus productos mediante indicaciones geográficas a nivel europeo. El Reglamento (UE) 2023/2411, conocido como Reglamento IGAI, impulsado por la Comisión Europea y el Parlamento, y respaldado por autoridades locales y asociaciones de productores, supone un hito en la armonización normativa europea sobre las indicaciones geográficas no agrícolas. España, con una rica tradición artesanal, podría ser uno de los grandes beneficiarios de esta normativa.

El TS unifica doctrina en relación a los trabajadores contratados a través de una empresa de trabajo temporal: tienen derecho a recibir la misma retribución que aquellos que están empleados directamente por la compañía y, según ha determinado ahora, esto incluye también el abono de los complementos que tienen muchos convenios para completar las prestaciones por IT durante las bajas médicas. En el caso de esta sentencia, que es aplicable a todo el sector de las ETT, el Supremo recuerda que, tanto en la ley española como en la directiva comunitaria que regula las relaciones laborales a través de empresas de trabajo temporal, “el concepto de remuneración ha de ser interpretado de forma amplia, por lo que debe incluir también las mejoras voluntarias que puedan contemplar los convenios de las empresas usuarias”. La empresa usuaria es la que acude a una ETT en busca de trabajadores temporales. Además, la clave de este fallo del Supremo es que rectifica otras sentencias previas de este mismo tribunal.

La Corte acoge el recurso de amparo de un empleado cesado después de poner una reclamación contra la compañía por incumplir sus condiciones laborales ante el presidente del Comité de empresas. El afectado pidió a la representación de los trabajadores que intermediara con el empleador. El Constitucional avala la sentencia del Juzgado de lo Social número 6 de Las Palmas de Gran Canaria que anuló el despido. El fallo señala que la compañía lesionó la garantía de indemnidad del trabajador, que exige que las compañías no puedan tomar represalias contra los empleados por reivindicar sus derechos. La sentencia señala que el objetivo de la garantía de indemnidad es evitar disuadir a los trabajadores de ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva en defensa de sus intereses.

El órgano ya ha publicado el informe en el que, ante la falta de reclamaciones recibidas por parte de los ciudadanos y alto grado de satisfacción de los canales y servicios puestos en marcha por el fisco, del 77% de media, avala la presentación de la Renta online alejando la posibilidad de una vuelta atrás, después de dos años con esta obligación. El Consejo para la Defensa del Contribuyente pide una mejora de las herramientas que permiten a los contribuyentes presentar la Renta online y elaborar tutoriales dirigidos a grupos concretos de contribuyentes como autónomos y pensionistas.