La Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales una propuesta para incentivar la jubilación flexible, permitiendo a los jubilados que quieran volver a trabajar aumentar la jornada parcial a realizar, que actualmente oscila entre el 50% y el 75%. Actualmente apenas están acogidas a la jubilación flexible unas 3.000 personas, lo que hace esta modalidad "prácticamente inexistente" porque "no es muy atractiva". El Gobierno también quiere modificar el régimen de incompatibilidades y compatibilidades del sistema, así como introducir algún incentivo al inicio de la jubilación flexible y no dejarlo sólo en el recálculo de la pensión a posteriori, es decir, cuando el pensionista llega al final de vigencia de ese contrato a tiempo parcial.

El TS establece que la ganancia patrimonial por retasación en expropiaciones no es una alteración patrimonial nueva, sino una reevaluación de la ganancia original. Así, no origina nueva tributación en el IRPF. El Tribunal ha determinado de forma inequívoca que la misma no origina una ganancia patrimonial nueva y distinta a la generada por la expropiación originaria del bien o derecho. Por el contrario, considera que se trata de una nueva valoración de la misma ganancia producida por la expropiación. En consecuencia, el valor de adquisición del bien expropiado sigue siendo el determinado en el momento de su adquisición inicial. Esta interpretación rechaza la tesis de que la retasación genera un "justiprecio suplementario" constitutivo de una ganancia patrimonial autónoma.

Hacienda utiliza desde 2022 este parámetro, en vez del valor del mercado del inmueble, para calcular Transmisiones, pero también otros tributos como el ISD. Ahora, los jueces rechazan que los contribuyentes puedan impugnar este valor aportando como contraste del precio de la vivienda la tasación de la misma y les exigen que motiven el valor real del inmueble, incluso con informes periciales. El fallo considera que se podría aportar la tasación para tumbar el valor catastral si estuviera convenientemente explicada, por sí sola o conjuntamente con otros elementos probatorios, como dictámenes periciales normalmente.

Esto es así desde hoy día 10 de abril, en virtud del RD 1026/2024. A día de hoy, se estima que habría más de 26.000 negocios en España que cumplen estas características y que deberán adaptarse cuanto antes a la normativa, para evitar sanciones de miles de euros. Según los expertos, estos planes no se limitan a una mera formalidad, sino que deben establecer protocolos y medidas reales contra el acoso y la violencia hacia el colectivo, así como planes de formación para los empleados.